El Comité para la Prevención de la Tortura pidió debatir la normativa penal de la prisión perpetua
Las últimas decisiones judiciales de condenar a prisión perpetua a los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa y a las asesinas del niño Lucio Dupuy motivó a la CNPT a reinstalar el debate.
La decisión de la Justicia de condenar a prisión perpetua a los rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa y a las asesinas del niño Lucio Dupuy motivó a la CNPT a reinstalar el debate en torno a este tipo de penas.
La prisión perpetua, que sólo se aplica a condenados por ciertos delitos graves, existe desde que se redactó el Código Penal en 1921 y desde entonces permitÃa a los reclusos acceder a la libertad condicional luego de 20 años de cumplida la sentencia.
Sin embargo, hubo modificaciones en 2004 y 2017, con las llamadas "ley Blumberg" (impulsada por Juan Carlos Blumberg tras el asesinato de su hijo Axel) y "ley Petri", con las que ese número pasó a 35 años y se agrandó la lista de delitos punibles de prisión perpetua, como los homicidios agravados.
Según argumentó el organismo, existen "obligaciones internacionales asumidas por Argentina" que implican que se tenga que "adecuar la legislación interna" a los estándares en materia de reclusión o prisión perpetua, que señalan que debe "aplicarse de manera excepcional, ser proporcional y limitada" por el fin de resocialización previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
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