18 de agosto de 2023
Caso Odebrecht: la fiscalía de Colombia imputará a 55 personas por presunta corrupción
El ente acusador "formulará cargos" por "apropiación de recursos públicos" contra un grupo de 22 lobistas y exdirectivos de la multinacional ahora llamada Novonor y también contra 33 exfuncionarios del gobierno "por presuntas irregularidades".
La fiscalÃa de Colombia anunció en las últimas horas que imputará a 55 personas entre funcionarios del Estado, intermediarios y directivos de Odebrecht, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, por presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña, informaron medios locales.
El ente acusador "formulará cargos" por "apropiación de recursos públicos" contra un grupo de 22 lobistas y exdirectivos de la multinacional ahora llamada Novonor y también contra 33 exfuncionarios del gobierno "por presuntas irregularidades" en contratos con la compañÃa, según informó en su página web.
"En al menos ocho años (2009-2016) la multinacional Odebrecht (...) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, asà como para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos (unos 19,3 millones de dólares)" a funcionarios públicos que la seleccionaron para construir una autopista de 528 kilómetros entre el centro del paÃs y la costa Caribe, según la fiscalÃa.
Marcelo Odebrecht ya cumple una condena de diez años impuesta por la justicia de su paÃs en 2016 por otro escándalo de sobornos
Marcelo Odebrecht ya cumple una condena de diez años impuesta por la justicia de su paÃs en 2016 por otro escándalo de sobornos relacionado con la petrolera estatal Petrobras y se encuentra bajo detención domiciliaria.
Eder Paolo Ferracutti, Amilton Hideaki y Marcio Marangonni, altos directivos brasileños que también figuran en el listado, ya habÃan sido imputados en marzo de 2021 por su partición en el entramado de corrupción, consignó la agencia de noticias AFP.
El anuncio llega un dÃa después de que el presidente, Gustavo Petro, le solicitara a la fiscalÃa "reabrir" estos casos, denunciando impunidad para los máximos responsables del esquema de corrupción.
El mandatario también pidió ayuda a los gobiernos de Brasil y Estados Unidos para sancionar a los máximos responsables.
A finales de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le impuso a Odebrecht multas por 50 millones de dólares, pero la empresa "no ha pagado un peso, no porque hayan sido astutos, sino porque son criminales", acusó el jueves el mandatario.
Petro sostiene que la fiscalÃa "permitió" que los directivos de la compañÃa abandonaran el paÃs para evitar que delataran a poderosos polÃticos que recibieron sus sobornos.
"Sabemos quiénes sobornaron" y "quiénes fueron los intermediarios. Pero no sabemos a dónde llegó la plata porque llegó a los del poder polÃtico", lanzó el primer presidente de izquierda de Colombia.
A diferencia de otras naciones de Latinoamérica, en Colombia no fueron juzgados altos funcionarios del Estado por esos hechos.
La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado de BahÃa, ya fue condenada a pagar multas por corrupción en varios paÃses
En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan GarcÃa, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.
Luis Fernando Andrade, exdirector de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia y el exfuncionario de ese paÃs de mayor rango en el listado de la FiscalÃa, huyó a Estados Unidos en 2018, acusando persecución del ente acusador.
El órgano judicial asegura que Odebrecht aportó el equivalente a 800.000 dólares a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien nombró a Andrade como director de la ANI.
Santos no se encuentra en el listado de imputados, pero su rival en los comicios de 2010, Oscar Iván Zuluaga, enfrenta un proceso penal por recibir un aporte similar de la compañÃa.
La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado de BahÃa, ya fue condenada a pagar multas por corrupción en varios paÃses, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
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