Según describió Francos, hay varios focos de discusión que se abrieron durante el fin de semana con las provincias. El primero surgió a partir de una versión errónea que indicaba que la Casa Rosada dejaría de transferir a las provincias recursos previsionales. Otro punto de debate gira en torno a la suspensión de las obras de infraestructura financiadas por el gobierno nacional, algunas de las cuales podrían ser reactivadas en un futuro, dijo el funcionario. Esta mañana, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, afirmó que por el parate en la obra pública hay varias compañías que han iniciado el concurso de acreedores y probablemente algunas de ellas terminen quebrando.

Otro diferendo público se originó a partir de las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien planteó que el ajuste económico propiciado por el Gobierno está siendo financiado por las clases populares y no por la “casta política” como había prometido la Libertad Avanza en su campaña. “Son apreciaciones, creo que está equivocado, no lo pagan los sectores populares. Los sectores populares están sufriendo un ajuste de la economía como todos los argentinos”, dijo Francos. Y desarrolló: “Cuando el Presidente habla de la casta se refiere a decenas, miles de contratos en el sector público vinculados a militantes políticos que se han ido cortando en estos tres meses de gobierno”.

La idea de la Casa Rosada es aprobar la nueva ley ómnibus junto al paquete fiscal como previa al Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 de mayo. En las últimas reuniones -puntualizó Francos- surgió la propuesta de algunos bloques de incluir también aspectos de la reforma laboral contenida en el DNU 70/2023, actualmente en suspenso por decisión de la Justicia.

El tema es analizado por el Poder Ejecutivo. “La ley bases busca fomentar las inversiones y existe una regulación laboral que es obsoleta y no genera ánimo en muchos inversores de traer capitales al país, con lo cual muchos plantean que algunos criterios del DNU que están frenados por un amparo judicial puedan ser tratados en una ley para ser aprobados”, explicó el ministro del Interior.