El movimiento más grande se dio en la provincia bonaerense, en la que alrededor de las 11, frente a la quinta presidencial de Olivos, más de 10 mil personas con discapacidad acompañadas por sus familias y trabajadores de distintas instituciones colmaron la calle para expresarse contra una nueva medida de ajuste del presidente Javier Milei en el área de discapacidad.

La norma se dio a conocer el pasado 10 de mayo y establece que las prestaciones financiadas por los organismos públicos --establecidas por la Ley 24.901-- “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”. Es decir, si antes las personas con discapacidad contaban con ser atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, ya sea PAMI, pensión o prepaga, a partir de este decreto solo podrán acceder quienes puedan costearlo.

Para el Foro, esta falta de arancel acorde al costo del servicio implicaría no solo desigualdad, sino una pérdida en la calidad de vida de la población con discapacidad. “De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado --que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad--, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”, expresaron en un comunicado. Entre la multitud con muletas, bastones y prótesis, donde también se distinguía una silla de ruedas inflable gigante, se elevaban cientos de carteles y banderas que rezaban: “No al ajuste en discapacidad”, “Que seamos menos no significa que seamos menos”, “La desregulación no es una opción”, “Respeten nuestros derechos”, “Sus recortes me matan”, “Discapacidad en emergencia”.

“Es una movilización histórica”, comentó a Página 12 Carlos Scipione, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con discapacidad (Fatradis), entidad que movilizó un total de 600 vehículos hasta la quinta presidencial para transportar a los convocados y visibilizar el reclamo.

“Vienen a romper el sistema de prestaciones básicas que costó muchos años de lucha y que hasta el momento ha sido muy efectivo, incorporando a miles de personas con discapacidad al acceso por los derechos. Esto significa volver 25 años atrás”, señaló el dirigente sobre la medida, recordando como "caótica" la época en la que no existía este sistema. Entre la gente que marchaba estuvo Vanina Seoane, madre de un chico de 16 años con discapacidad y coordinadora del centro de día Instituto Blanquerna. “Estoy de los dos lados del mostrador. Lo vivo con angustia como madre y como profesional de la salud”, contó a este diario y seguidamente dio cuenta de que el área de discapacidad “viene castigada hace años con distinto gobiernos, pero esto es el remate”.

Incluso con la preocupación por la situación, la directiva vivió la movilización como un evento emocionante: “He ido a todas las marchas de las diferentes gestiones y nunca vi una convocatoria como la de hoy, el sentimiento común, la empatía”, comentó trayendo un recuerdo de la marcha en la que la multitud se abría en un pasillo para dejarle paso a un centro de día de personas no videntes.

También estuvo presente en las calles María Martínez, de Lomas de Zamora, madre de dos hijos con discapacidad. Uno, de 27 años, con un retraso madurativo con hemiparesia izquierda y otro, de 14, que padece una enfermedad rara poco frecuente. El más grande, que tiene mayores complicaciones, hoy es un ser autónomo gracias a las prestaciones que ha recibido a lo largo de los años. Para María, sus hijos son como orquídeas y los trabajadores del sistema de discapacidad son los jardineros que los cuidan.  “Acá estamos hablando de prestaciones pero es la punta del iceberg. Para mí es el inicio de la muerte anunciada de las personas con discapacidad”, considera con preocupación y añade: “Esto asusta mucho porque afecta la calidad de vida de mis hijos. Si hoy nuestros chicos no tuvieran los centros de día donde hacen distintas actividades y refuerzan todo lo necesario para la vida diaria, ¿qué haríamos con esos chicos? ¿Quedarían como en la época de mis abuelos, metidos en la pieza del fondo?”, se pregunta María, que después de siete años de los reclamos por la quita de pensiones, pensó que no volvería a asistir a una marcha. 

Siguiendo esta línea, las familias de personas con discapacidad presentaron una petición que busca que no se desregularice el nomenclador para obras sociales nacionales, provinciales y prepagas y un aumento de los aranceles de las prestaciones de discapacidad.