Losada argumentó: “La asimetría regional de costos se define en función de que las dos terceras partes del parque refinador nacional se encuentra en la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Neuquén. A su vez, para el estacionero, la distribución de las bocas de expendio interviene directamente en la capacidad de capturar mejores márgenes”.

Para los radicales, “otros problemas generan estas fuertes distorsiones”. En ese sentido, detallaron: “Principalmente, existiría una estrategia comercial de las empresas comercializadoras de combustibles tendiente a maximizar sus ganancias, pero cuyos efectos contrarían el bien común. La brecha de precios existente provoca marcados efectos adversos en el desarrollo de las economías regionales, afectando aún más a las provincias de menor desarrollo relativo, al aumentar sus costos de transporte, y, por consiguiente, el precio final de las mercaderías que producen”.

Por otra parte, en los fundamentos se explicó que “la norma busca también la armonización tributaria de tributos locales”. En esa línea, los senadores expresaron que “ajustar el impuesto a los Ingresos Brutos a la comercialización de naftas y gasoil se convirtió en una herramienta muy utilizada por los estados provinciales para conseguir mayores recursos”, una situación que “afecta al margen de costos de la comercialización minorista, creando disparidades en el precio final de las distintas jurisdicciones”.