Desde 1999, los excedentes de la represa (ingresos menos gastos de funcionamiento) se reparten entre Entre Ríos (67,5%); Corrientes (27,5%) y Misiones (5%). Eso quedó establecido en la denominada “Ley Maya”, sancionada por el Congreso y que avaló el acuerdo entre la Nación y las provincias.

Según los cálculos del Gobierno de Entre Ríos, entre 1999 y 2013 la Secretaría de Energía fijó un valor promedio de 30 dólares por Mw. Esto cambió con la resolución 95/13: el precio bajó a USD 14. Desde allí, con vaivenes, fue cayendo. Hoy por hoy, el Mw de Salto Grande se paga USD 2,9. La represa aporta el 7% del total de la electricidad que se consume en el país.

En el escrito de la demanda se reseñó que las provincias “no fueron notificadas ni se les consultó sobre la decisión del Gobierno nacional” que se tomó en 2013 “sin otra finalidad que apropiarse de los excedentes que les correspondían a las provincias damnificadas para subsidiar el conjunto del sistema”. El planteo es que, a costa de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se mantuvo el esquema de tarifas bajas para los usuarios de los grandes centros urbanos.