La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral.

Además de los cambios en la estructura del poder, las reformas incluyen disposiciones simbólicas y políticas que subrayan la ideología del régimen.

Otra medida destacada es la reafirmación de la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su “intervención” en la guerra civil de los años 80. La mención de este caso busca revivir un tema que ha sido recurrente en el discurso de Ortega, centrado en culpar a potencias extranjeras de las crisis internas del país.