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20 de noviembre de 2024

El dictador Daniel Ortega ordenó reformar la Constitución de Nicaragua para que haya un “co-presidente” y una “co-presidenta”

La medida busca que tanto él como su esposa Rosario Murillo adquieran los mismos derechos como integrantes del Poder Ejecutivo, refuerza el dominio del régimen sobre las instituciones y ya genera críticas tanto a nivel nacional como internacional

>En un controvertido movimiento que consolida aún más su control sobre el Estado, Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, impulsó una reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y establece oficialmente el cargo de “co-presidenta”, desempeñado por su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo.

La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral.

Además de los cambios en la estructura del poder, las reformas incluyen disposiciones simbólicas y políticas que subrayan la ideología del régimen.

Otra medida destacada es la reafirmación de la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su “intervención” en la guerra civil de los años 80. La mención de este caso busca revivir un tema que ha sido recurrente en el discurso de Ortega, centrado en culpar a potencias extranjeras de las crisis internas del país.

El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un ambiente de creciente represión.

“Esto no es solo una reforma constitucional; es la institucionalización de una dictadura absoluta”, señaló un politólogo exiliado en Costa Rica al periódico local La Prensa, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad.

Según organizaciones internacionales como Human Rights Watch, las modificaciones son una estrategia más del régimen para consolidarse en el poder indefinidamente.

Con estas reformas, Ortega asegura su control absoluto del poder mientras enfrenta un país cada vez más aislado en la arena internacional.

La aprobación de las reformas no solo marca un nuevo capítulo en la historia del autoritarismo en Nicaragua, sino que también plantea interrogantes sobre cómo la comunidad internacional responderá ante un régimen que ha cerrado las puertas a la negociación y al diálogo democrático.

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