Junto a Bolsonaro, se acusa de intento de abolición del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal al ex ministro de Defensa y Casa Civil, Braga Netto; a Augusto Heleno, del Gabinete de Seguridad Nacional; el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; y a Paulo Sérgio Nogueira, de la cartera de Defensa, así como a otras 32 personas.

Según definió la investigación, Bolsonaro mantuvo reuniones con oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de su Gobierno y asesores en el Palacio de la Alvorada, en las que abordó la posibilidad de realizar un golpe de Estado, que impida la asunción del líder izquierdista al máximo cargo ejecutivo en Brasil. Sus planes, sin embargo, no se concretaron dado que carecía del apoyo de comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, y solo contaba con el respaldo del comandante de la Marina, Almir Garnier Santos.

En tanto, al tomar la palabra, Baptista aseguró que “después de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, considerara la posibilidad de atentar contra el régimen democrático por medio de algunos institutos previstos en la Constitución, el entonces comandante del Ejército, general Freire Gomes, dijo que si intentaba tal acto tendría que arrestarlo”.