Viernes
14 de Marzo de 2025
16 de diciembre de 2024
La Justicia investiga una nueva megaestafa inmobiliaria: cinco empresarios acusados y $130 millones en cheques sin fondos
La fiscal Mónica Cuñarro encabeza la causa contra la firma Induplack Fiduciaria, una empresa familiar dedicada a las obras de pozo y denunciada por 19 víctimas. El nuevo pedido de indagatoria
>Hasta mediados de este año, Induplack Fiduciaria, una empresa familiar, ofrecía departamentos en obras de pozo. El negocio era atractivo, una chance para acceder a un departamento a estrenar: prometía buenos precios, cuotas en pesos, obras de aparente calidad. Hoy, su cuenta de Instagram funciona como un cementerio de la esperanza. “No borren mis mensajes, quiero respuestas”, comenta una mujer en un posteo sobre una construcción en Ruiz Huidobro al 3055, zona de Saavedra. “Por favor, aguardo su contacto, desde junio sin novedades de ustedes”, exclama otra en otro posteo, esta vez sobre un edificio en Alberdi al 5700, Mataderos.
Los números de Induplack Fiduciaria y una firma paralela, Icons Tech, que es parte de la investigación, sangran por la herida con una serie de cheques sin fondo revelados por información del Banco Central a la que accedió Infobae. Induplack emitió 71 de ellos en los últimos dos años, con un rojo de $140 millones. Parte de la deuda fue cancelada. Hoy, solo debe $93 millones. El pedido de indagatoria no es el comienzo del caso para Cuñarro: el 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional integrada por Juan Esteban Cicciaro Ricardo Matías Pinto confirmó los procesamientos de los acusados, con un embargo colectivo que superó los $700 millones.
La fiscal explicó la mecánica del negocio en una presentación reciente:
Luego, “esos aportes, que se ponían a disposición de la fiduciaria, debían ser destinados a la financiación y a la conclusión de las obras integrantes de los diferentes encargos fiduciarios”.
“Sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y la escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido, otras ni siquiera habían comenzado, seguían en pozo y en otros, restaban los trámites registrales para su escrituración. Es así que cuando los damnificados solicitaban explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos”, concluye la fiscal.