Lunes
17 de Febrero de 2025
27 de enero de 2025
La decisión afecta a la Colonia 54 ‘Añi Alba’, cuyo reconocimiento como ocupantes tradicionales fue anulado tras el reclamo de una copropietaria
Según ella, el procedimiento omitió la incorporación de documentación relevante que podría haber alterado el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral.
Tras examinar estos elementos, se determinó que el relevamiento inicial omitió circunstancias objetivas y significativos, incluyendo antecedentes jurisprudenciales y títulos que acreditan derechos de propiedad. Esta falta llevó al organismo a considerar que parte del terreno, propiedad de Crespo, fue indebidamente incluido dentro del área reconocida como de ocupación indígena. De haberlo hecho, no se hubiese “georreferenciado parte del inmueble identificado como Lote 175″.
Además, el Instituto señaló que ciertos aspectos controvertidos, como la cantidad de integrantes de la comunidad indígena y su carácter jurídico, deberán ser tratados por las autoridades provinciales. “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser trataba por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”, establece la Resolución.A comienzos del año en curso, la Administración de Parques Nacionales recuperó la posesión de la seccional de guardaparques que en 2020 usurpó la comunidad autoproclamada El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un operativo que incluyó más de 100 efectivos y unidades antitumulto de la Policía Federal Argentina, tras el vencimiento del plazo otorgado por el juez Federal de Esquel, Guido Otranto, para que la comunidad autoproclamada mapuche Lof Paillako abandonara de forma voluntaria las tierras usurpadas en Los Alerces.
Según la resolución judicial, el magistrado había dispuesto la expulsión de los líderes del grupo, Ernesto Cruz Cárdenas y María Belén Salinas, junto con el resto de los integrantes de la comunidad, luego de confirmar que el ingreso a las tierras públicas se llevó a cabo ilegalmente, utilizando amenazas, violencia y atentados.