El poder judicial de Irán confirmó posteriormente que la situación en la prisión estaba “bajo control” y que “todos los medios han sido utilizados para gestionar el complejo penitenciario”. Las autoridades reconocieron que partes de la prisión resultaron dañadas por el ataque, aunque no proporcionaron detalles adicionales sobre la extensión de los daños.

Los objetivos incluyeron no solo la prisión Evin, que Katz describió como un lugar “que alberga prisioneros políticos y opositores al régimen”, sino también los centros de comando de la milicia doméstica Basij y la poderosa Guardia Revolucionaria.