Martes
24 de Junio de 2025
24 de junio de 2025
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y todo el gabinete incrementa la autorización presupuestaria en 33%. Redefinió las prioridades en seguridad, salud, educación, deuda y asistencia social
Ministerio de Seguridad: Se refuerzan los créditos destinados a la Policía Federal Argentina para tareas de combate al crimen organizado y para gestionar la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego.
Ministerio de Economía: Se amplía la partida para subsidios de tarifas eléctricas y la Compensación Tarifaria Zona Fría, y se ajusta el presupuesto en infraestructura económica y social para nuevos proyectos de inversión y funcionamiento. Además, se refuerza el presupuesto de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para cubrir gastos operativos.Ministerio de Salud: Se incrementa la partida para sostener gastos salariales, en especial en el Anses: Se amplía el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales, en función de la Ley de Movilidad Previsional, las asignaciones familiares y programas como “1.000 días”. También se refuerza el financiamiento para la prestación por desempleo.Educación: Se aumentan las partidas de la Secretaría de Educación para afrontar erogaciones salariales en universidades nacionales.Obligaciones a cargo del Tesoro: Se dispone más financiamiento para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Carboeléctrica Río Turbio, Acumar y Educ.ar Sociedad del Estado. También contempla la ejecución de una medida cautelar de la Corte Suprema.
Reducciones: Por transferencias administrativas, disminuyen créditos y cargos en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, tras el traspaso de responsabilidades como el Manejo del Fuego.
El decreto incluye, además, cambios normativos en fondos de energía eléctrica, la prórroga de pensiones graciables por diez años, y autoriza contrataciones plurianuales de obras y adquisiciones para ejercicios futuros.Si se ejecutan estas nuevas pautas presupuestarias, y dado que del lado del gasto se trata de una autorización y no una obligación, la administración central (sin considerar PAMI ni organismos descentralizados) pasaría de un déficit proyectado hasta el 22 de junio de $6,55 billones a un superávit de $5,91 billones.