La madrugada del 19 de junio, el barrio Confluencia de Neuquén fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad local. La víctima, Francisco Peuchot, un adolescente de 16 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

El ataque ocurrió poco después de las 22, cuando un joven de la misma edad se presentó en la vivienda ubicada en la intersección de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso. Al arribar, el agresor encontró a Peuchot en el exterior de la casa, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales resultó fatal.

De acuerdo con los primeros informes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía provincial, el hecho quedó registrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La autopsia preliminar, elaborada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y remitida a la fiscalía de Delitos Juveniles, confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Germán Martín, quien en la mañana del día siguiente presentó cargos contra el presunto autor, también de 16 años.

Por tratarse de una persona menor de edad, la audiencia se realizó en el marco de la Ley provincial 2302, que regula la responsabilidad penal juvenil en Neuquén. El fiscal detalló que el adolescente fue imputado en calidad de autor por homicidio agravado y solicitó la aplicación de una medida cautelar de arresto excepcional, argumentando que "el delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo, en su calidad de autor". Martín sostuvo que "no resultan viables otras medidas" para garantizar el proceso judicial.

La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y fue presidida por el juez de garantías Lisandro Borgonovo. El magistrado avaló tanto la apertura de la investigación penal como el pedido del MPF, fijando un plazo de dos meses para la finalización de las pesquisas.

En el mismo acto, el fiscal Martín enumeró las medidas de prueba aún pendientes: relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho, entrevistas con testigos y análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados tras el crimen. La investigación busca esclarecer la motivación del ataque, el origen del arma utilizada y el contexto previo al homicidio.

En respuesta a la consulta sobre las razones del arresto excepcional, el MPF fundamentó que el adolescente imputado presenta riesgo procesal y que no existen alternativas viables que garanticen el cumplimiento de las etapas judiciales sin la privación de su libertad. El fiscal argumentó que, ante la gravedad del delito y la contundencia inicial de las pruebas, resulta necesario proteger tanto la investigación como la seguridad pública.

En línea con la información oficial, la apertura de la investigación fue avalada por el juez Borgonovo, quien estableció el plazo de dos meses para que el MPF complete las diligencias y defina la situación procesal del imputado. Durante la audiencia, se remarcó la importancia de resguardar la integridad de las partes involucradas y garantizar el cumplimiento estricto del debido proceso.