Argentina discutirá la nueva Ley de Propiedad Privada. La normativa, podría cambiar las reglas para la venta de tierras rurales, incluida la posibilidad de que extranjeros compren grandes extensiones. Hoy, siete grandes grupos extranjeros controlan cerca de 12 millones de hectáreas en Argentina, lo que representa alrededor del 6% de toda la superficie. La discusión no se limita solo a cifras, sino también a dónde están ubicadas estas tierras y qué recursos naturales incluyen.

La mayoría de las tierras extranjerizadas se encuentra en manos de grupos vinculados a la ganadería, la agricultura y la industria forestal. Entre ellos destacan la Compañía de Tierras Sud Argentino (familia Benetton, de origen italiano) con 900.000 hectáreas, el fondo suizo Estomonte con 404.000 hectáreas, y el grupo chileno Arauco Argentina con 272.000 mil hectáreas.

En tanto, Adecoagro, sociedad anónima controlada por Tether, suma casi 200.000 hectáreas y tiene sede en Bahía Blanca. Otros actores relevantes son Nieves de Mendoza, de Malasia y Reino Unido con 145.000 hectáreas, Forestal Bosques del Plata, de Chile 94.298 hectáreas, y la familia Turner, de Estados Unidos 51.000 hectáreas.

El porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional no supera el 5%. Sin embargo, algunas provincias sobrepasan ese promedio ampliamente. En Misiones, el 11,29 % de la superficie rural pertenece a extranjeros; en Salta, el 11,4%; y en San Juan, el 10%. Otras provincias con porcentajes elevados incluyen Santa Cruz, Catamarca, Mendoza, Salta y Corrientes, todas por encima del 8%.

En contraste, la región pampeana muestra un nivel mucho más bajo de extranjerización de tierras. En Córdoba y Santa Fe, el porcentaje se sitúa en torno al 1,7%, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza el 2,87%. Entre Ríos llega al 3,23%. La ciudad de Buenos Aires no posee tierras rurales en manos extranjeras.

El análisis a nivel municipal revela que algunos distritos superan el 50% de tierras extranjerizadas. En San Carlos, Salta, los extranjeros poseen casi el 60% de las tierras. Otros municipios destacados son Molinos, en Salta, con el 57%, General La Madrid en La Rioja, con el 56%, Lacar, Neuquén, con 54 % y Campana, Buenos Aires con el 50%.

La lista la completan Guazuvirú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes), Guachipas (Salta), Berón de Astrada (Corrientes) y General Güemes (Salta). Esta situación muestra que la extranjerización puede ser muy desigual, con municipios donde la presencia de capital extranjero supera ampliamente los límites nacionales o provinciales.

La ley actual establece un tope del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional y provincial, aunque la propuesta en debate busca elevar ese límite al 25%. En algunos municipios, la concentración ya supera los topes actuales, lo que genera preocupación en las comunidades locales sobre el acceso y manejo de los recursos.

El proyecto de ley que estudia el Congreso propone modificar los límites legales de propiedad rural extranjera. El Gobierno argumenta que flexibilizar esos topes puede atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, existen posturas que señalan que la nacionalidad del propietario no garantiza la llegada de inversiones ni el crecimiento productivo.

El debate también se enfoca en el control de recursos estratégicos, especialmente en zonas núcleo y áreas de frontera. En varios municipios con fuerte presencia extranjera, estas tierras incluyen reservorios de agua y áreas productivas claves para la economía regional.

El Registro Nacional de Tierras Rurales permite identificar y controlar la concentración y localización de tierras en manos extranjeras. Cada vez que un extranjero adquiere tierras en Argentina, debe inscribir la operación en este registro. La discusión parlamentaria sobre la ampliación de los topes y la intervención de los gobiernos provinciales genera nuevas preguntas sobre el futuro control estatal de la propiedad rural.

Ahora, el Congreso se prepara para una votación ajustada sobre la extranjerización de la tierra rural. Las posiciones se dividen entre quienes priorizan la atracción de inversiones extranjeras y quienes defienden el control nacional de los recursos. El resultado de la sesión definirá si el límite a la propiedad extranjera se mantiene o se amplía, con impacto directo en provincias y municipios.

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