Granja Tres Arroyos, la empresa avícola que atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva, propuso a sus empleados de Pilar cobrar una parte de los salarios adeudados con pollos, el principal producto de su planta de La Lonja. La oferta llegó días después de que la compañía solicitara formalmente ante la Justicia la apertura del concurso preventivo para todas las compañías del grupo que comanda Joaquín De Grazia, integrante de la familia fundadora.

La propuesta surgió luego de las últimas audiencias entre la empresa y los gremios, en el marco de la conciliación obligatoria que aún rige en aquella planta bonaerense, según informó el medio local Pilar a Diario. En esos encuentros, ya se habían acordado paliativos parciales, como la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para los trabajadores afectados por los despidos, sin que se resolviera de fondo la continuidad de los puestos.

A comienzos de septiembre, Granja Tres Arroyos envió cerca de 1.200 telegramas de despido distribuidos entre sus plantas bonaerenses: alrededor de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. La cifra de esta última es la más baja de las tres en términos absolutos, pero golpea a una dotación que ya venía reducida por suspensiones y parates de actividad previos, en el marco de un achique que en los últimos meses acumuló más de 1.700 desvinculaciones en todo el grupo, según reconoció la propia empresa en su presentación ante la justicia.

Esos despidos, sin embargo, quedaron en suspenso por la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó dos medidas de conciliación obligatoria con plazos distintos y en paralelo. La primera fue dictada el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), vence el 25 de septiembre y podría extenderse hasta el 2 de octubre. La segunda fue dictada el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo, con vencimiento el 1° de octubre y una eventual prórroga que la llevaría hasta el 9 de octubre.

Mientras ambas conciliaciones sigan vigentes, la empresa está obligada a retrotraer las cesantías notificadas y mantener a los trabajadores en sus puestos. Ese esquema le da a la negociación un margen de entre dos y tres semanas antes de que los 50 despidos de la planta de Pilar —el complejo conocido como Pinazo, operado por Wade— puedan volverse efectivos.

La oferta de pago en especie se entiende a la luz del cuadro financiero que la propia compañía detalló ante la Justicia al solicitar la apertura de su concurso preventivo. Según ese expediente, al 31 de diciembre de 2025 la deuda de Granja Tres Arroyos ascendía a $536.000 millones, cifra a la que todavía debe sumarse el pasivo acumulado a lo largo de este año, que hasta el momento no fue detallado.

Del total reconocido, unos $199.000 millones corresponden a deudas financieras; $161.000 millones a proveedores; $52.000 millones a impuestos; $78.000 millones a deudas laborales y fiscales; y $46.000 millones a otras deudas comerciales. A esa masa de pasivos se suman más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, uno de los indicadores más claros de la falta de caja que atraviesa al grupo.

La presentación no alcanzó solo a la firma insignia del grupo. La solicitud, firmada por el presidente del directorio, Joaquín De Grazia, pidió el trámite conjunto por agrupamiento económico —previsto en los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras— para las cuatro sociedades que integran el entramado empresario: Granja Tres Arroyos, la empresa madre; Wade, que opera la planta de Pilar bajo la ex marca Cresta Roja; Avex, con su complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la sociedad controlante que posee el 99,941% del capital del grupo y actúa como garante del resto de las unidades.

En el capítulo del expediente dedicado a explicar el derrumbe financiero, la compañía rechazó cualquier responsabilidad directa de su conducción y atribuyó la crisis a un "estrangulamiento del mercado interno" y a una "suba desmedida de costos". Según el escrito, el consumo de pollo en la Argentina, que había crecido de 20 kilogramos por habitante al año en 2000 hasta un techo histórico de 47 kilogramos, alcanzó un límite biológico y de sustitución que impide seguir absorbiendo el volumen que produce el grupo, mientras la caída del poder adquisitivo restringió aún más la demanda de alimentos en general.

A ese cuadro se sumó, entre 2024 y 2026, el ingreso creciente de carne aviar desde Brasil, favorecido por la flexibilización de licencias de importación y la baja de aranceles, que fijó, según la empresa, "un techo artificial a los precios de góndola". El brote de gripe aviar de 2023 completó el escenario: la pérdida del estatus sanitario le cerró a la compañía los mercados de China, Chile y la Unión Europea, su principal fuente de ingresos en divisas, y volcó toda la producción a un mercado interno ya saturado.

Desde 2022, el 34% del capital de Granja Tres Arroyos pertenece a la estadounidense Tyson Foods. En medio de la crisis actual circularon versiones sobre una posible compra del paquete accionario completo por parte de la compañía norteamericana, aunque hasta el momento no hubo precisiones oficiales al respecto.