El organismo de estudio internacional denunció en las últimas horas que cada vez son más los buques pesqueros que operan espuriamente a la veda de las Islas Georgias del Sur con ilegítimas licencias emitidas por el Reino Unido, y fuera del marco que rige la pesca en dicha área, regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Justamente, la FULASP ha iniciado tratativas para elevar un pedido ante las autoridades de ese organismo multilateral conformado por 26 países miembros, entre los que se encuentran la Argentina y el Reino Unido, y ha basado su requerimiento en los resultados proporcionados a partir de un informe que ha surgido del entrecruzamiento de datos públicos y privados, propios y de terceros, acceso a información satelital disponible, y registros oficiales y periodísticos, en los que ha obtenido la prueba que respalda que el acto ilícito denunciado no solo socava los esfuerzos de conservación de Argentina, sino que también tiene un impacto devastador en su economía y sus comunidades costeras.

Además, los representantes del organismo han visitado las islas en abril pasado y mantuvieron un encuentro con sus autoridades pesqueras, a partir de la cual han podido
confirmar presencialmente que el Reino Unido ha establecido un verdadero sistema de extracción ilegal en las Islas Malvinas, otorgando anualmente casi cien licencias y cuotas de pesca conocidas como ITQB (Individual Transferable Quota) con un período de validez  de un año. Así, alrededor de un centenar de embarcaciones de bandera taiwanesa, coreana y, sobre todo, española, cuentan con la autorización para la captura de diversas especies marinas. Los poteros españoles, que faenan con bandera propia y con pabellón británico o isleño, constituyen la flota principal, pudiendo, incluso, afirmar que el calamar loligo se reserva casi con exclusividad para España.

Siguiendo las estadísticas, vale destacar que durante la primera parte de la temporada de pesca de 2023, los pesqueros españoles han logrado capturar allí un total de 53,500 toneladas de calamar, lo que sugiere la posibilidad de alcanzar el volumen de capturas más productivo de las dos últimas décadas.

En 2022, la flota pesquera española en el área de las Malvinas logró un registro de 101,000 toneladas de calamar, abarcando tanto loligo, illex como pescados de cola. Esto marcó el segundo récord histórico desde 1989, cuando se alcanzaron las 118,000 toneladas. Además, las capturas de pescados de aleta alcanzaron las 62,000 toneladas, marcando la cifra más alta desde la implementación de la zona de exclusión.

Al respecto Raúl Cereseto, Presidente de la FULASP, advirtió que “el 70 % de todo lo que se pesca se va para España, mientras que el 20 % se descarga en territorio isleño y el 10 % restante viaja hacia otras latitudes” y agregó que “es muy llamativo que las islas no tengan ningún tipo de procesamiento en tierra, con lo cual, está claro que su actividad se circunscribe solamente a pescar y a vender”.

Aún así, el trabajo destaca que la pesca representa aproximadamente el 60% de los ingresos de las Malvinas, confirmando su posición como la actividad económica más
significativa de la colonia británica. Los ingresos obtenidos sitúan al archipiélago entre los diez primeros PBI/per cápita del Planeta, muy por encima del indicador para los habitantes del Reino Unido.

Por otra parte, la denuncia también señala que “la nómina de los barcos licenciados no es de acceso público, y que muchos de los buques han sido sancionados por otros países y organizaciones internacionales, por actividades de sobrepesca, esclavitud y tortura a bordo”.

En ese sentido, Cereseto reconoció que “se han detectado muchas embarcaciones que, además de operar en la zona controlada por el Reino Unido, también lo hacen de manera no declarada y no reglamentada en aguas internacionales, al borde de la milla 200” y denunció que “esto demuestra que las embarcaciones licenciadas se suman a la pesca furtiva en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país”.

Siguiendo la misma línea, otro ítem de la denuncia plantea que “los impactos ambientales, económicos y sociales de esta actividad no regulada son graves, y afectan el futuro de la pesca en la región, así como también el balance de todo el ecosistema del Atlántico Sud-Occidental, afectando directa e indirectamente a decenas de especies de peces, moluscos, aves y mamíferos marinos”. 

En consonancia, la entidad reconoció que, en junio de 2022, el Gobierno Argentino, a través de Cancillería, rechazó categóricamente de forma bilateral y multilateral estas
medidas unilaterales, por considerarlas un grave incumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico. Sin embargo, el Reino Unido ha hecho caso omiso y la
situación no ha hecho más que agravarse.

Finalmente, Raúl Cereseto expresó que la presentación busca manifestar un apoyo internacional y anticipó que se hará efectiva en los próximos días también ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, para inducir de manera urgente a la implementación de acciones diplomáticas bilaterales, contra todos los países intervinientes, que frenen por completo estas actividades y detengan la expoliación de los recursos del Mar Argentino.