El 83, año de la dictadura en retirada pero con una estructura de inteligencia que seguía operando
El período de retirada de los militares del Gobierno tuvo, para los investigadores, un rasgo contradictorio: se dio un� proceso de "institucionalización", que se había tornado inevitable tras la derrota en Malvinas, pero el aparato represivo y de inteligencia se mantenía activo.
La retirada de los militares del Gobierno habÃÂa sido anunciada por el dictador Reynaldo Bignone el 28 de febrero de 1983, cuando en un mensaje por cadena nacional informó el inicio de un cronograma para normalizar a los partidos polÃÂticos y llamar a elecciones, que quedaron programadas para el 30 de octubre.
Esa decisión era consecuencia de lo que el ensayista Alejandro Horowicz destaca como el gran error polÃÂtico que cometió la dictadura, visto desde los propios intereses de las FFAA: la guerra del Atlántico Sur, un conflicto en el que la cúpula militar se habÃÂa metido con el afán de obtener "un nivel de autonomÃÂa relativa respecto del bloque de clases dominante".
"La desbandada (del gobierno militar) no era una teorÃÂa, era un dato muy concreto. Pero, eso sÃÂ, no fue la desbandada de los grupos de tareas y del poder represivo, que, es más, siguieron operando, yo dirÃÂa que hasta los primeros dos años del Gobierno de (Raúl) AlfonsÃÂn"Alejandro Horowicz
"El intento de conseguir autonomÃÂa (por parte de los militares) era intolerable para ellos (los grupos empresarios y propietarios de la tierra), porque el bloque de clases dominante (en la Argentina) no era propietario de Malvinas ni se le jugaba nada en especial en las islas", amplió Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de libros como "Los cuatro peronismos" y, el más reciente, "El kirchnerismo desarmado".
La declinación de las FFAA al mando del Estado era, en suma, un proceso inocultable a principios del 83, con movilizaciones del sindicalismo que se repetÃÂan cada vez con más gente (algunas con desenlace trágico, como la del 16 de diciembre de 1982, que concluyó con la muerte del obrero peronista Dalmiro Flores), mientras la Multipartidaria intentaba apurar la convocatoria a elecciones.
Pero mientras se descomponÃÂa el ciclo militar, la estructura de inteligencia seguÃÂa activa y operando: las fuerzas armadas y de seguridad controlaban a sindicatos, fuerzas polÃÂticas y organismos de derechos humanos, en algunos casos con civiles de la PolicÃÂa Federal infiltrados en las propias entidades, como ocurrió con Madres de Plaza de Mayo.
El espionaje a Madres de principios de los 80 fue revelado el año pasado por Página 12 a partir del hallazgo de varios formularios internos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA que advertÃÂan sobre la necesidad de cambiar de destino a una agente de la institución que participaba de las reuniones de "la agrupación Madres de Terroristas", según escribió un comisario mayor de la PolicÃÂa Federal de nombre Juan Fonte.
En otro de esos papeles, firmado por el comisario Eduardo Antoniuk y fechado a fines de 1982, se pedÃÂa que se enviara a Mar del Plata a esa mujer, auxiliar de inteligencia en la fuerza, porque habÃÂa sido "detectada".
La espÃÂa informaba lo que se discutÃÂa en Madres de Plaza de Mayo, organización que unos años antes habÃÂa quedado conmocionada tras el engaño del represor de la ESMA Alfredo Astiz, quien se hizo pasar por un tal "Gustavo Niño" para identificar y secuestrar a quienes se reunÃÂan en la Iglesia de la Santa Cruz.
En los primeros meses de 1983, tras el final de la guerra de Malvinas y ante los sondeos castrenses para iniciar negociaciones con los partidos polÃÂticos, las Madres habÃÂan adoptado una posición de "rechazo total a cualquier negociación".
"Como estaban las Madres en una postura de rechazo, levantaron con aún más fuerza una consigna que habÃÂan creado en diciembre de 1980, aparición con vida, que era una consigna muy complicada de asimilar por la dictadura e incluso por los partidos que se preparaban para protagonizar el sistema institucional", remarcó.
Para las Madres, agregó Iramain, ese planteo implicaba "la exigencia de que no se pensaban mover del reclamo de que la nueva democracia debÃÂa encarcelar a los asesinos, para exigir la derrota absoluta de la dictadura en ese plano".
La cuestión de los desaparecidos no era una cuestión menor sino central para las FFAA, cuyos mandos buscan condicionar la transición para impedir cualquier revisión de la Justicia sobre los crÃÂmenes cometidos desde el Estado a partir de 1976.
El argumento para justificar que se destruyera documentación era que en el marco del "espÃÂritu de pacificación" que se buscaba las personas que se "reincorporaran a la comunidad" no debÃÂan "sentir condicionado su futuro por el efecto negativo que en algún momento pudiera trascender de los antecedentes reunidos a su respecto" (sic).
AsÃÂ, la retirada progresiva de los militares tras siete años en el Gobierno se fue dando con una sucesión de actos administrativos, pero sin dejar de perseguir a quienes consideraban el enemigo a exterminar: entre abril y mayo de 1983, a meses de las elecciones, fueron asesinados los montoneros Raúl Yager, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Carlón Pereyra Rossi.
La retirada progresiva de los militares tras siete años en el Gobierno se fue dando con una sucesión de actos administrativos, pero sin dejar de perseguir a quienes consideraban el enemigo a exterminar.
Pero Yager fue muerto en Córdoba, y a Cambiaso y Pereyra Rossi los secuestraron en el bar Magnum de Rosario y aparecieron asesinados en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.
Y añadió: "El juez de la justicia provincial que tomó primero la causa del secuestro y asesinato fue amenazado y llegó a contar que era seguido".
Se referÃÂa a Jorge Eldo Juárez, ya fallecido, juez de instrucción de Rosario, quien con su testimonio en el juicio oral aportó otra prueba de que la estructura represiva -tanto de modo orgánico como por la libre- seguÃÂa al acecho en los primeros años de la democracia.
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Por Gustavo Seira<br />
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