Amenazas de bomba: el principal acusado se negó a declarar y liberaron a dos sospechosos
Maximiliano Martínez Radaeli (18), imputado por realizar al menos 30 intimidaciones de colocación de artefactos explosivos en la Casa de Gobierno, en estaciones de trenes y subtes, en despachos de jueces y funcionarios y en el búnker de Unión por la Patria no brindó su testimonio ante el juez Ercolini y seguirá detenido.
13-11-2023 | 23:17
Uno de los procedimientos de la PolicÃa Federal que terminó con uno de los autores de las amenazas de bomba detenido / Foto: PFA. El principal sospechoso de haber cometido en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, se negó a declarar ante la Justicia y permanecerá detenido, aunque las otras dos personas que habÃan sido apresadas como presuntos integrantes de la misma organización negaron tener vÃnculos con los hechos y fueron liberados.
Ercolini le imputó el delito de "amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas, agravadas por haber sido anónimas e intimidación pública", entre otros, y tras la indagatoria, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa, por lo que MartÃnez Radaeli permanecerá detenido.
En tanto, los otros dos hombres detenidos en el marco de la causa, MatÃas Manuel Danko y Leandro González, aceptaron declarar en sus indagatorias ante el juez, pero dijeron que nada tenÃan que ver con las amenazas.
Danko y González admitieron que habÃan vendido las lÃneas T-Phone de telefonÃa móvil digital de la empresa Telecentro utilizadas para hacer las amenazas de bomba, aunque negaron tener relación con MartÃnez Radaeli.
Las detenciones de los tres imputados se habÃan concretado el pasado jueves tras una serie de allanamientos realizados en domicilios del conurbano bonaerense por efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PolicÃa Federal Argentina (PFA).
La pesquisa se inició el dÃa de las elecciones del pasado 22 de octubre, cuando en la lÃnea de emergencias 911 se recibieron amenazas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Durante los allanamientos se secuestraron distintos elementos que prueban la realización de las amenazas / Foto: PFA.
Pero a los tres dÃas de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los dÃas previos, detallaron los informantes consultados por esta agencia.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas lÃneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la "Deep Web".
Allegados a la investigación, dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos. Etiquetas:
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