La gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, intimaron a la empresa británica Harland and Wolff, la cual posee su sede en el Reino Unido, por pretender comenzar con la construcción de un puerto en las Islas Malvinas, para lo que no tienen autorización de las autoridades fueguinas.

La acción legal es llevada adelante a través del Ministerio de Producción y Ambiente “como autoridad de aplicación de la Ley nro. 55, en un trabajo articulado con la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales”, de acuerdo a lo que consignan nuestros colegas de www.surenio.com.ar

Dicha intimación va de la mano con el Convenio de la Haya del año 1965 sobre Comunicación o Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, el cual fue aprobado por la Ley nro. 25.097.

El emplazamiento contra la empresa se hizo mediante la autoridad central británica y de acuerdo con el artículo 10 del Convenio mencionado, para que dentro de los noventa días hábiles a partir de la presentación, se cumpla con lo establecido en la Ley General del Ambiente, bajo apercibimiento de la realización de más acciones legales.

El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, se refirió al respecto diciendo que “la contratación de la empresa Harland and Wolff por el ilegítimo y pretendido gobierno isleño para llevar adelante esta obra se encuadra en la pretensión británica de establecer la infraestructura destinada a transformar el puerto de las islas Malvinas en un centro de soporte logístico, a efectos de avanzar en la explotación ilegal de los recursos naturales que pertenecen a todos los fueguinos y fueguinas”.

“Es una violación flagrante de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso de descolonización”, afirmó Dachary.

“Es por ello que al igual en el año 2021, cuando el gobierno británico intentó una maniobra similar a través de la empresa Bam Nuttall y la provincia la intimó, se procedió a tomar las acciones legales correspondientes en pos de garantizar nuestros derechos e intereses provinciales”, sentenció el funcionario.