La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) encabeza una propuesta formal del sector para garantizar la sostenibilidad de los recursos en aguas del Atlántico Sur. Mientras se sigue luchando por la soberanía nacional en el archipiélago, consideran fundamental que se reinicie y fortalezca el acuerdo de cooperativismo que se puso en marcha hace más de tres décadas y que se viene debilitando desde 2005.

La iniciativa impulsada por la FULASP busca reflotar el acuerdo de cooperación científica que estuvo vigente durante el gobierno de Carlos Menem y presentará un nuevo proyecto que deberán evaluar conjuntamente Argentina y Gran Bretaña para proteger los recursos marinos, algo que se descontinuó y perdió fuerza durante el primer mandato de Néstor Kirchner, llegando incluso a estar muchos años sin un solo dato preciso.

El organismo internacional consideró “imperiosa la reanudación de las actividades de intercambio de información para la conservación de los recursos pesqueros en el área comprendida entre la latitud de 45° Sur y 60° Sur del Atlántico Sudoccidental” y solicita “una inmediata convocatoria para una nueva reunión del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), con la participación de delegaciones de funcionarios de autoridades nacionales, expertos y científicos de ambos países”.

El último encuentro diplomático en la materia se produjo en 2018. Incluso, en junio de 2020, el Canciller argentino de ese entonces, Felipe Solá, había anunciado en diferentes medios de comunicación que se había suspendido “todo intercambio de información científica sobre pesca con el Reino Unido” porque lo consideraban “uno de los temas soberanos” y que no se debían “entregar datos estratégicos a quien usurpa". De allí en adelante no ha habido avances en la materia.

Al respecto, Raúl Cereseto, Presidente de la FULASP, manifestó que “actualmente no se sabe nada de lo que ocurre en materia de investigación porque no hay información oficial de ambos lados en ese sentido” y agregó que “hay que iniciar una nueva etapa, porque la cooperación en materia científica es fundamental para preservar los recursos pesqueros en beneficio de todas las partes involucradas, reducir los daños provocados por la pesca ilegal indiscriminada y ampliar los beneficios económicos para el país".

En ese sentido, el especialista explicó que “lejos de claudicar en la lucha soberana, que incluso debe profundizarse por respeto a todos nuestros caídos en el conflicto bélico de 1982, es vital comprender que debe existir una relación diplomática y científica que nos permita evitar la depredación de nuestras aguas”.

El organismo de estudio internacional ya había advertido en 2023 que cada vez son más los buques pesqueros que operan espuriamente a la veda de las Islas Georgias del Sur con licencias emitidas por el Reino Unido, y fuera del marco que rige la pesca en dicha área, regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Afirman que en las aguas circundantes al archipiélago se está extrayendo ilegalmente casi la mitad de lo que se pesca en toda la República Argentina, y que allí la nómina de los barcos licenciados no es de acceso público, por lo cual consideran fundamental que ambos países colaboren mutuamente para combatir la pesca ilegal.

En el caso de nuestro país, Cereseto reiteró que “la lucha por la soberanía argentina en las islas debe ser irrenunciable” aunque consideró que “es hora de actuar con inteligencia porque la falta de información no solo socava los esfuerzos de conservación de Argentina, sino que también tiene un impacto devastador en su economía y sus comunidades costeras”.

La pesca representa aproximadamente el 60% de los ingresos de las Malvinas, confirmando su posición como la actividad económica más significativa de la colonia británica. Los ingresos obtenidos sitúan al archipiélago entre los diez primeros PBI/per cápita del planeta, muy por encima del indicador para los habitantes del Reino Unido.

El pedido será elevado en las próximas horas ante la Secretaria de Bioeconomía, el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Recursos Acuícolas y Pesca nacional, y se hará extensivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, aunando propuestas con los planteos de los principales organismos que representan a la actividad pesquera de todo el país.