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1 de marzo de 2025

Procesaron a un ex juez federal y a un fiscal por favorecer a un narco: el rol de un arrepentido sirio

Aunque no recibieron prisión preventiva, Raúl Reynoso y José Luis Bruno fueron embargados por cifras millonarias. Qué dice acusación

>El titular del Juzgado Federal N.º 1 de Salta, Leonardo Bavio, procesó al ex juez El de Reynoso no es un hecho aislado. En 2017, el ex magistrado ya había sido condenado a 13 años de prisión por recibir coimas a cambio de fallos favorables, mientras que, en 2024, había recibido la La nueva causa contra Reynoso se originó en 2011, a raíz de un informe de Gendarmería que advertía sobre la existencia de una organización que operaba en Orán y Salvador Mazza, dedicada a acondicionar cocaína que ingresaba desde Bolivia en vehículos para su traslado a Salta capital, Córdoba, Buenos Aires y Rosario.

Luego se detuvo a otros miembros de la banda y todos fueron imputados por los delitos de transporte de estupefacientes, asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y contrabando calificado de exportación agravado. En el caso de Rojas, como partícipe necesario. Fue considerado como “el puntero” del cargamento, es decir, quien abría camino al vehículo con la droga.

Al año siguiente, Reynoso sobreseyó a otros tres detenidos. El fiscal tampoco apeló. Luego la causa entró en un largo letargo judicial hasta 2015, cuando la Porcunar, a cargo de Diego Iglesias, solicitó digitalizarla. No se dio curso a esa petición.

En 2018, un nuevo juez tomó la causa: Gustavo Montoya, quien ordenó medidas pendientes que revelaron la cantidad de evidencia que existía contra Rojas y el resto del grupo.

En el caso de Rojas, pidió que sea juzgado como partícipe secundario -y no necesario- del transporte de estupefaciente agravado y miembro de una asociación ilícita, tal como lo había pactado Reynoso.

En 2024, la sala II de la Cámara Federal de Salta, revocó esta decisión y dispuso que fiscal emitiera un nuevo requerimiento de elevación de la causa a juicio.

El ex juez se defendió y dijo que nunca se había puesto de acuerdo con el fiscal para favorecer a la organización. Argumentó, en el mismo sentido, que en los años 2010 y 2011, el Juzgado de Orán tenía más de diez mil causas en trámite.

Explicó, además, que cuando decidió excarcelaciones de oficio era por las decenas de hábeas corpus que le presentaban, que no había cárcel federal en el norte y nunca había cupo, que entraban de 60 a 80 detenidos por semana; que tampoco había disponibilidad de alojamiento de dependencias de Gendarmería.

Bruno, por su parte, negó haber favorecido al imputado con la calificación.

Sin embargo, Bavio se inclinó por la hipótesis de Iglesias, Villalba y Amad y procesó a los funcionarios judiciales.

En cuanto a Bruno, dijo: “Produjo un menoscabo deliberado hacia los intereses que estaba obligado a proteger, haciéndole perder al Estado toda posibilidad procesal de cuestionar una resolución por la cual se favorecía a una persona que claramente estaba vinculada con el tráfico de estupefacientes”.

En la resolución, Bavio también procesó a Barakat Barakat, un sirio de 49 años que fue condenado, en 2022, por haber el tráfico de 152 kilos de marihuana y la compra de grandes cantidades de precursores químicos.

Días atrás, René Antonio Arancibia, acusado de organizar y financiar un traslado de 97 kilos de cocaína que fue interceptado por gendarmes, en 2011, reconoció en un juicio abreviado haber pagado una coima de 150 mil dólares a Bruno y a Reynoso para que fallen a su favor. El sirio, en esa operatoria, habría actuado como intermediario.

En consecuencia, el juez Bavio lo procesó, con prisión preventiva, como partícipe necesario de cohecho activo.

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