La experiencia chilena es hoy el principal espejo en el que miran científicos, organizaciones ambientales y comunidades costeras fueguinas. Allí, tras más de tres décadas de expansión acelerada, la industria enfrenta cuestionamientos por contaminación de fiordos, pérdida de biodiversidad, uso intensivo de antibióticos, mortandades masivas de peces y conflictos con poblaciones locales.

En 2021, Tierra del Fuego había prohibido por ley la salmonicultura en aguas abiertas, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en cerrar esa puerta. Sin embargo, a fines de 2025 el gobierno provincial habilitó nuevamente el desarrollo de proyectos de cultivo industrial, bajo un esquema regulatorio que promete mayores controles ambientales. La decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito científico y en organizaciones que advierten sobre riesgos difíciles de revertir en uno de los ambientes marinos más prístinos del país.

En Chile, los antecedentes son elocuentes. Investigaciones realizadas en fiordos patagónicos documentaron reducciones de hasta el 75 por ciento en algunas comunidades de especies marinas tras la instalación de centros de cultivo. El caso del fiordo Comau, en la región de Los Lagos, se convirtió en un símbolo: sucesivos monitoreos científicos registraron caídas en los niveles de oxígeno disuelto, proliferación de algas nocivas y pérdida de biodiversidad asociadas a la acumulación de residuos orgánicos bajo las jaulas salmoneras.

La denominada “marea café”, que provocó mortandades masivas de salmones y otros organismos, expuso la fragilidad de estos ecosistemas frente a un sistema de producción intensivo que concentra miles de toneladas de biomasa en espacios reducidos. En varios episodios, toneladas de peces muertos debieron ser retiradas de urgencia, generando además un problema sanitario y logístico de gran escala.

Otro eje de conflicto en Chile fue la instalación de centros de cultivo dentro o en las inmediaciones de áreas naturales protegidas. En la Reserva Nacional Kawésqar, por ejemplo, especialistas y referentes académicos denunciaron que la coexistencia entre conservación y salmonicultura es, en los hechos, incompatible. “Mientras haya salmoneras dentro de parques y reservas, esas áreas serán protegidas solo en los papeles”, advirtieron investigadores que trabajan en la región.

Más allá del impacto directo sobre el ambiente, la salmonicultura también modificó dinámicas sociales y económicas en comunidades costeras. Estudios recientes revelaron que la industria demanda grandes volúmenes de peces silvestres para fabricar alimento balanceado, lo que presiona sobre pesquerías artesanales y reduce la disponibilidad de recursos para el consumo local. En varios territorios, pescadores y pueblos originarios denunciaron pérdida de acceso a zonas tradicionales de pesca y degradación de sus medios de vida.

Este conjunto de antecedentes es el que hoy alimenta la preocupación en Tierra del Fuego. La provincia concentra algunos de los ecosistemas marinos más singulares del Atlántico Sur, con fiordos, canales y bahías de alta productividad biológica y gran valor turístico. Para muchos especialistas, introducir allí un modelo de acuicultura intensiva implica asumir riesgos que podrían comprometer de manera irreversible ese patrimonio natural.

Desde el gobierno fueguino sostienen que el nuevo marco regulatorio incorpora estándares ambientales más exigentes, límites de producción y sistemas de monitoreo permanente. También argumentan que la salmonicultura puede convertirse en una herramienta de diversificación productiva y generación de empleo en una provincia con fuerte dependencia del sector público y de la industria electrónica.

Sin embargo, las voces críticas remarcan que los problemas observados en Chile no fueron consecuencia de una falta inicial de regulación, sino de un modelo intrínsecamente complejo de controlar en ambientes cerrados y frágiles. La acumulación de fecas, restos de alimento y antibióticos bajo las jaulas, la posibilidad de escapes de especies exóticas y la alteración de los fondos marinos son fenómenos difíciles de evitar incluso con marcos normativos estrictos.

En este escenario, la discusión sobre la salmonicultura en Tierra del Fuego excede el debate productivo y se inscribe en una cuestión estratégica: qué tipo de desarrollo quiere impulsar la Argentina en sus regiones australes y cómo compatibilizar crecimiento económico con preservación ambiental.

Mientras Chile revisa hoy su propio modelo, con propuestas para relocalizar centros de cultivo y endurecer controles, en el sur argentino la experiencia trasandina funciona como una advertencia temprana. El desafío será aprender de esos errores antes de que los impactos se vuelvan visibles.

La decisión final no sólo definirá el futuro de una actividad económica, sino también el destino de uno de los últimos grandes sistemas marinos relativamente intactos del país.