Los 6 cuestionamientos de Del Río para pedir la recusación de los fiscales
La defensa del acusado planteó que los tres fiscales tienen "una mirada sesgada" y que actúan con "arbitrariedad en relación a la acusación" y "falta de objetividad". La pusieron fecha a la audiencia oral. Cómo puede seguir la causa.
07-11-2022 | 17:05
Foto: Gustavo Amarella La defensa de Martín Santiago Del Rio, el comerciante procesado con prisión preventiva por el doble crimen de sus padres ocurrido en agosto pasado en el partido de Vicente López, recusó a los tres fiscales que investigan el caso al considerar, entre otros motivos, que tienen “una mirada sesgada” contra su cliente y que actúan con “arbitrariedad” y “falta de objetividad”, informaron fuentes judiciales.
El pedido de recusación fue formulado por la abogada del imputado, Mónica Chirivin, ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien fijó una audiencia oral para tratar la cuestión para el próximo jueves a las 11, en la sala del entrepiso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, de la mencionada localidad del norte del conurbano.
Además de la defensa -la presencia del propio Del Río (47) no está confirmada-, participarán los fiscales y los abogados del particular damnificado que en esta causa es Diego Del Rio, hijo mayor de las víctimas y además hermano del principal imputado.
Los tres fiscales recusados son Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, todos de Vicente López e integran del equipo fiscal que para esta causa se conformó por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad.
En uno de los párrafos iniciales, Chirivin manifestó la “absoluta pérdida de confianza” que tiene en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y también “en el criterio con que desarrolla la pesquisa”.
Foto: Camila Godoy Como motivo central de sus dudas, la letrada mencionó “la falta de vocación de quienes representan al MPF, para posibilitar el descubrimiento de la verdad por cuanto poseen una mirada sesgada", en contra de su "ahijado procesal”.
Chirivin afirmó que el “Equipo de Fiscales” no asegura la “garantía de objetividad”, y que “a lo largo de esta investigación" actuaron "con arbitrariedad en relación a la acusación”.
En otro tramo del escrito, dijo que los fiscales “actúan deliberadamente como ‘amos y señores de la prueba’, afectando de esta forma garantías constitucionales del imputado como ser la defensa en juicio y el debido proceso”.
Al detallar en seis puntos los cuestionamientos a los fiscales de la causa, Chirivin reeditó algunos de los argumentos centrales de lo que fue su apelación ante la Cámara de San Isidro, de la prisión preventiva de su cliente.
En primer lugar, cuestionó la declaración testimonial de Paola C., la agente inmobiliaria con la que Del Rio mantenía una relación extramatrimonial y que fue la primera testigo que, por su forma de caminar, lo reconoció en los videos de la causa como el “caminante encapuchado” que quedó filmado llegando y retirándose de las inmediaciones de la escena del crimen.
Para la abogada, en esa declaración “las preguntas realizadas por la fiscalía estaban direccionadas a inculpar a Martín Del Rio” y planteó que esa noche la mujer estuvo ilegalmente detenida y que su declaración contra su cliente “ha sido la llave para recuperar su libertad”.
Los fiscales Marcela Semería y Martín Gómez Otro de los cuestionamientos que la defensa reitera hacia los fiscales Gómez, Musso y Semería, es su supuesto “proceder arbitrario para manipular el informe de operación de autopsia”.
Volvió a plantear que el protocolo de autopsia situaba originalmente la data de muerte de 12 a 18 horas antes del examen en morgue, lo que ubicaba el crimen en la madrugada del 25 de agosto (cuando su cliente estaba en su casa del country Nordelta), y que luego ese cálculo fue modificado con un acta y en una testimonial del forense, hasta 36 horas previas, lo que incluye la tarde del 24 de agosto y compromete al imputado.
“Todo este proceder ilegal lamentablemente pone en dudas el accionar de la Fiscalía, que busca inculpar a Martín Santiago Del Rio, a como fuere, acomodando la prueba a sus necesidades, lo que constituye un proceder arbitrario, irregular e ilegal”, remarcó Chirivin en uno de los párrafos más duros contra los representantes del MPF.
A su vez, la abogada criticó lo que considera fueron “reconocimientos impropios” de Del Rio como el “sujeto encapuchado” que aparece en los videos, con una testimonial y no con las formalidades estipuladas en el código procesal.
Además, la defensora destacó la “incoherencia” y “contradicción” de la fiscalía en mantener en paralelo la acusación de Del Rio y de la empleada “Nina”, que a pesar de estar liberada por falta de pruebas, el juez Costa aún no sobreseyó, entre otros motivos, porque los fiscales lo consideran “prematuro”.
“Ambas imputaciones son distintas y no existe nexo alguno que pudiera vincular a los aquí imputados, claro salvo está en la mente de este Equipo de Fiscales, que acomoda la acusación y la prueba a sus propias necesidades”, subraya Chirivin.
Sobre el final, la abogada de Del Rio dejó asentado en el escrito que también denunciará a estos fiscales ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires –órgano del cual dependen todas las fiscalías bonaerenses-, para investigue “la posible comisión de delitos y/o falta administrativa”.
José Enrique Del Rio (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien la empleada "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio cometido el día anterior al hallazgo y con un móvil económico.
En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, Del Rio cumple prisión preventiva por "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
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