Más de 90 peritos interpretes indígenas trabajan como auxiliares en el Poder Judicial de Chaco
De esos 16 son empleados permanentes del Poder Judicial provincial. "Ayuda mucho a que nuestra gente pueda interiorizarse sobre los derechos que las amparan, porque muchos no son hablantes de castellano", explicó una traductora moqoit.
Por Carlos Catrileo06-08-2023 | 15:14
Elizabeth González. /Foto: Pablo Caprarulo. Los pueblos originarios de Chaco cuentan con más de 90 peritos traductores e intérpretes de lenguas indígenas qom, wichí y moqoit que trabajan como auxiliares de la justicia provincial y agentes externos para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, lo que "ayuda mucho a que nuestra gente pueda interiorizarse sobre los derechos que las amparan, porque muchos no son hablantes de castellano", dijo a Télam una traductora moqoit.
De estos 90 especialistas, "16 son empleados permanentes del Poder Judicial provincial", según contó a Télam Elizabet González, la mujer qom que está a cargo de la Coordinadora Integral de las Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia de las personas integrantes de las naciones originarias.
La historia
El 14 de Julio del año 2010 la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la ley que declaró como lenguas oficiales de la provincia a los idiomas de los pueblos preexistentes qom, wichí o moqoit, lo que influyó en el reconocimiento de intérpretes indígenas para garantizar el acceso a la justicia a los integrantes de estos pueblos.
En diciembre de ese mismo año la Legislatura aprobó la creación del cargo de "Traductor o Intérprete Aborigen" en el ámbito del Poder Judicial tras una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante la denuncia contra el Estado por el caso LNP, las siglas de una joven indígena de 15 años violada por tres "criollos" en el año 2003.
Los intépretes facilitan el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. /Foto: Pablo Caprarulo. La joven indígena fue víctima de violencia física, psicológica y moral por parte de funcionarios policiales, agentes judiciales y del sistema de salud, desde la denuncia, antes y durante el proceso, aspectos que también configuran violaciones a los Derechos Humanos.
"La víctima no contó con asesoría jurídica; el juicio fue llevado en español, sin intérpretes, lo que dificultó la comunicación de la víctima y los testigos; en definitiva, se le vulneraron todos los derechos constitucionales a la joven", indicó González.
En el 2007 el caso LNP fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con el apoyo de Unifem Cono Sur, denunciando violaciones a diversos artículos del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Al año siguiente, Argentina reconoció la responsabilidad del Estado en el caso a través de un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e instó a que se buscará una solución amistosa con la víctima y su familia.
Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se expresó sobre la Comunicación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y efectuó recomendaciones en coincidencia con el petitorio de LNP.
El 29 de agosto de 2008 el Estado argentino llamó a una mesa de diálogo con representantes de la Cancillería; el gobierno del Chaco; el Inadi; la joven abusada y su familia; y las peticionarias Insgenar y Cladem.
Foto: Pablo Caprarulo. Allí se presentó la agenda reparatoria que consta de dos partes, reparación material y simbólica para la joven y una serie de medidas para que no se repitan hechos similares, lo que se dio en llamar el Nunca Más.
"La recomendación para el Estado fue garantizar el acceso a la justicia de las personas integrantes de los pueblos originarios", señaló la funcionaria judicial indígena.
En el 2014 se creó la Coordinación Integral de las Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas, que hoy cuenta con 16 empleados judiciales indígenas, y articula el trabajo con las y los Peritos Traductores e Intérpretes, todos auxiliares de la justicia provincial, y agentes externos de la misma.
Actualmente son 92 las personas inscriptas en la Lista de Peritos Traductores e Intérpretes en lenguas oficiales indígenas, quienes son convocados ante la detención o atención de alguna persona qom, wichí o moqoit.
"El Código Procesal Penal de Chaco, en su artículo 140, menciona que es de carácter obligatorio que esté presente la o el traductor en las audiencias, caso contrario se da por nula la declaración testimonial o de imputado", concluyó González.
Otras de las tareas de la Coordinación es realizar trabajos en el territorio.
Laura Lalecori es moqoit, tiene 36 años e integra la comunidad "Las tolderías", que se encuentra ubicada a 30 kilómetros de la localidad chaqueña de Charata, en el sudoeste de la provincia.
"Venimos trabajando, desde mi ingreso, con la señora Elizabet González, que es nuestra coordinadora general de los tres pueblos originarios y, ahora a su vez, trabajo con la perito traductora Elena Aguirre, que también es moqoit", contó a Télam.
Lalecori ingresó al Poder Judicial como perito traductora y en año 2020 fue designada Coordinadora integral de actividades judiciales del pueblo-nación moqoit, a cargo de la cuarta circunscripción chaqueña, que abarca a seis localidades, con base en Charata.
Foto: Pablo Caprarulo.
"La implementación de las y los peritos ayuda mucho a que nuestra gente pueda interiorizarse sobre los derechos que las amparan, porque muchos no son hablantes de castellano", señaló.
"Es una alegría poder ayudar a mi pueblo con los asesoramientos. Hoy veo a mi comunidad animarse a hacer denuncias y hacer valer sus derechos, y eso en gran parte es por la presencia de nosotras, las peritos intérpretes", concluyó.
El 23 de abril de 2009 Chaco pidió perdón a LNP en un acto que se desarrolló en la Universidad Popular de Resistencia con la presencia de miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El 15 de mayo de 2015 el Estado argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió perdón públicamente a LNP, como medida reparatoria y para garantizar la no repetición de casos similares, cumpliendo el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
LNP recibió reparaciones pecuniarias y no pecuniarias; ingresó a la carrera de Derecho y, además, también se formó como docente. Etiquetas:
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