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16 de octubre de 2024

Qué dice la demanda de la familia de Joaquín Sperani contra el gobierno de Córdoba y los padres del chico que lo asesinó: piden $600 millones

Es en concepto de daños y perjuicios tras el crimen del joven de 13 años, a manos de su amigo menor de edad. El único acusado fue liberado por ser inimputable y la causa penal podría ser archivada

>La familia de En diálogo con Infobae, el abogado querellante, Raúl Frencia, explicó que la demanda civil fue presentada ante los Tribunales de Laboulaye, donde -según explicó el letrado- ya se resolvió que la escuela tuvo responsabilidad en el hecho y por eso deben responder. Pero como es un colegio público, es la provincia la que debería hacerse cargo de la indemnización.

“Es una acción reparativa lo que estamos haciendo civilmente. La demanda fue iniciada contra el Superior Gobierno de Córdoba y en subsidios contra los padres. Porque si no se acreditaba en el juicio la responsabilidad del Estado en la falta de seguridad y de indemnidad en relación a Joaquín, tenían que responder los padres por la responsabilidad parental. En este caso se acreditó en el juicio (el pasado 4 de octubre) la responsabilidad del Estado y por tal motivo consideramos que deben responder”, explicó el abogado.

En ese sentido, el abogado señaló que el principal motivo detrás de la demanda de los 600 millones es la responsabilidad civil que le cabe a las instituciones educativas, en caso de que los alumnos cometieran un daño o un delito.

La decisión llevada a cabo por los padres de Joaquín se da luego de que se conociera que la causa está a punto de archivarse debido a que hoy no hay detenidos.

El único acusado fue liberado meses después de cometer el atroz crimen por ser inimputable, y además porque no se pudo determinar que haya habido una tercera persona que participe del hecho. En ese momento el acusado había señalado que “no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión”, según fuentes del caso.

Ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro, el autor del crimen había confesado su responsabilidad remarcando que “no tuvo intención” de matarlo.

En su relato, contó que “tomó un fierro y le pegó en la cabeza” lo que le provocó un daño encefálico que derivó en el deceso. Además, la autopsia determinó que el cuerpo de Joaquín tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo.

Tras la confesión, el juez determinó que el menor regrese al cuidado de su familia y se someta a un tratamiento psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado.

El letrado dijo que debido a la inimputabilidad del asesino y del sistema normativo que rige en Argentina, la familia “se siente despojada de cualquier tipo de justicia” y que “por eso corresponde” la indemnización, aunque fuese económica.

“Ya en el juicio fue todo diligenciado. El proceso ya terminó con los alegatos el día 4 de octubre. Ahora estamos esperando la resolución final que tiene que emitir el juez de primera instancia”, concluyó.

El niño de 14 años nunca asistió a clases, sin embargo su bicicleta fue encontrada en la entrada del colegio IPEM 278 “Malvinas Argentinas”, lo que determinó que alcanzó a ir hasta el lugar previo al asesinato. La familia recriminó el accionar de la institución por no haber dado aviso sobre la ausencia del adolescente y dejar pasar varias horas sin que hagan la advertencia.

Al conocerse las imágenes, la mamá de la víctima había dicho: “Yo quería verlo con mis ojos aunque sea duro, porque es difícil de creer” y acusó al adolescente de haber premeditado todo: “Estuvo 40 minutos a la mañana armando la escena del crimen”.

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