Sabado
3 de Mayo de 2025
3 de mayo de 2025
El Ministro de Seguridad Social de Brasil renunció a su cargo en medio de un escándalo de corrupción y fraude
Se estima que, en total, unos 1.100 millones de dólares fueron descontados de forma irregular de los recibos de jubilaciones y pensiones de al menos 130.000 personas
>El ministro de Seguridad Social de La semana pasada, la Policía destapó la operación “Sin Descuento”, una trama que tuvo lugar entre 2019 y 2024, y se basó en cientos de miles de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, por parte de sindicatos y asociaciones que debían prestar servicios a estos sectores sociales.Los investigadores creen que, en total, se habrían descontado unos 1.100 millones en dólares, con posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social. El dinero era sustraído por medio de diversos métodos, como el pago de créditos no solicitados, y desviado a través de estas empresas u organismos que tenían convenios con la cartera.El caso llegó a las autoridades luego de que se recibieran denuncias de unos 130.000 jubilados por fondos sustraídos de forma irregular de sus cuentas; sin embargo, se estima que el número real de víctimas podría ser mayor e -inclusive- superar las cuatro millones de personas.Lupi aseguró que no estuvo involucrado en esta trama ni tuvo conocimiento de ella durante su tiempo al frente de la cartera de Seguridad Social, pero igualmente se distanció del cargo.
El Gobierno de Lula da Silva aceptó de inmediato su dimisión y anunció que será sustituido por Wolnet Queiroz, hasta entonces viceministro y también parte del Partido Democrático Laborista.
Asimismo, convocó este mismo viernes a una serie de reuniones en las que comenzó a evaluar las posibilidades para devolver a los jubilados y pensionados su dinero, aunque aún no se ha hecho pública ninguna decisión oficial.Esta semana, Lula brindó un discurso en el que celebró que su Gobierno haya “desmontado” este esquema ilegal y se comprometió a que los responsables sean procesados y obligados a reparar los daños causados, aunque Marcelo Freire Sampaio Costa, miembro del Ministerio Público del Trabajo, planteó sus dudas sobre la posibilidad de avanzar en un escenario tal a la brevedad.
“Los bienes incautados por las investigaciones no pueden convertirse inmediatamente en dinero para refinanciar las arcas de la Unión, porque las personas a las que se les incautaron tienen que enfrentarse a un proceso penal. Tienen que poder defenderse, tiene que haber un juicio justo para que finalmente sean condenados o no”, explicó.El escándalo llegó en un mal momento para Lula, que se enfrenta a una imagen positiva en caída, principalmente por el alza de la inflación, y pierde, con la salida de Lupi, a un miembro clave en las alianzas del Partido de los Trabajadores, de cara a las elecciones de 2026.(Con información de AFP y EFE)
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